Colombia: la subida de sueldo que le está pasando factura a todos
Cerca de 2,4 millones de trabajadores colombianos empezaron el 2026 con un salario mínimo casi 24% más alto que el año anterior. Meses después, el propio Banco de la República le confirmó al Congreso algo que muchos economistas venían advirtiendo desde diciembre: ese mismo aumento se convirtió en el principal motor de la inflación del país. Lo que se pensó como un alivio terminó, para buena parte de los hogares, devolviéndose por el otro bolsillo.
Un aumento muy por encima de lo que sugería la técnica
El salario mínimo en Colombia no se fija a ciegas. Existe una regla técnica que combina la inflación esperada con la productividad laboral medida por el Dane, y esa fórmula apuntaba a un incremento cercano al 6,22% para 2026.
El Gobierno decretó 23,7%, casi cuatro veces más, luego de que la negociación entre empresarios, sindicatos y el Ejecutivo terminara, otra vez, sin acuerdo. La diferencia entre ambos números —17,5 puntos porcentuales— es la brecha más amplia registrada en al menos dos décadas, y también el dato que mejor explica lo que vino después.

El informe semestral que el Banco de la República presentó al Congreso fue directo al respecto. La entidad señaló que la inflación en el rubro de servicios —que representa casi la mitad de la canasta del consumidor— pasó de 5,9% en diciembre de 2025 a 7% en junio de 2026, justo el tipo de sector donde el costo de la mano de obra pesa más en el precio final. La inflación total, mientras tanto, llegó a 6,1% anual, todavía lejos de la meta oficial del 3%.
Por qué un aumento pensado para ayudar termina encareciendo todo
El mecanismo detrás de esta paradoja tiene nombre técnico: indexación. Cerca del 60% de la canasta que mide el Índice de Precios al Consumidor está atada, directa o indirectamente, al comportamiento del salario mínimo o a la inflación del año anterior. Cuando el sueldo base sube muy por encima de lo esperado, esa subida se traslada casi automáticamente a arriendos, matrículas educativas, cuotas de administración y decenas de servicios que dependen de mano de obra.
Un ejemplo concreto ilustra bien la mecánica. El pago diario por una jornada de servicios generales en un hogar pasó de 47.450 a 58.364 pesos entre 2025 y 2026, sin contar prestaciones.
Para las empresas, el costo mensual total por empleado en salud, pensión y riesgos laborales subió de 299.248 a 368.075 pesos. Multiplicado por millones de trabajadores y miles de empresas, ese incremento puntual se convierte en una fuerza inflacionaria de escala nacional.
El head de Latin America Macro Strategy en XP Investments, Andrés Pardo, explicó a El Colombiano que ese costo laboral más alto terminará trasladándose a los consumidores finales a través de precios más elevados en toda la cadena.
El crédito también se encarece
La respuesta del Banco de la República a esta presión fue subir la tasa de interés de política monetaria hasta el 12%, muy por encima de los apenas 50 puntos básicos que el mercado anticipaba antes del decreto salarial.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, calificó el aumento decretado como «un freno de mano en la ruta de superar dos de nuestros mayores desafíos económicos, la pobreza y la desigualdad», precisamente porque una tasa de interés más alta encarece el crédito para vivienda, educación y emprendimiento justo cuando más se necesita.
La cadena no termina ahí. Con tasas más altas, el Gobierno también paga más por su propia deuda, y el gasto público adicional que genera el ajuste salarial —cerca de 7 billones de pesos por mayores salarios de funcionarios y pensiones— presiona el déficit fiscal, que Corficolombiana proyecta ahora en 7,9% del PIB para 2026.
Curiosamente, el mismo Banco de la República que subió las tasas es el protagonista de otro fenómeno que atraviesa la economía este año: la apreciación del peso colombiano, que ha ayudado a moderar parte de la presión inflacionaria al abaratar las importaciones, aunque no lo suficiente para compensar el efecto del salario mínimo.
Quién realmente se beneficia del aumento
Hay un dato que suele perderse en la discusión y que cambia el sentido de todo el debate. Según cifras del Dane citadas por Bloomberg Línea, el empleo asalariado con ingresos de un salario mínimo o más cayó en 427.000 personas entre enero y octubre de 2025, mientras crecieron los trabajadores informales y quienes ganan menos del mínimo.
El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, advirtió que ajustes salariales muy por encima de la inflación y la productividad terminan afectando negativamente el empleo formal, ya que encarece contratar a alguien de manera legal.
El presidente de ANIF, José Ignacio López, agregó un dato que pone en perspectiva quién queda por fuera de este beneficio: el 56,3% de los trabajadores jóvenes del país son informales, y de ellos, el 44,8% gana menos de un salario mínimo. Para esa parte de la población —una de las más numerosas del mercado laboral colombiano— el aumento decretado no representa ningún ingreso adicional, solo precios más altos en todo lo que compran.
Lo que queda para los hogares
Nada de esto significa que el salario mínimo deba congelarse ni que los 2,4 millones de trabajadores que sí lo reciben no necesiten ese ingreso adicional. El problema no es el objetivo del aumento, sino su magnitud frente a lo que la economía puede absorber sin generar el mismo ciclo que termina golpeando a todos, incluidos quienes recibieron el beneficio en primer lugar.
Entender este mecanismo ayuda a leer con más criterio cualquier futura discusión sobre el salario mínimo, porque el número que aparece en el decreto de diciembre nunca cuenta la historia completa hasta que se ve reflejado, meses después, en el arriendo, el mercado y la cuota del crédito.
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Foto destacada generada con Grok IA.
